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Maduro renueva su control económico en plena crisis

CARACAS. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, renovó este domingo sus poderes de control económico ante la grave crisis del país, al presentarle su informe anual al máximo tribunal de justicia y no al parlamento, crispando aún más a sus adversarios.

En un hecho sin precedentes en Venezuela, Maduro rindió cuentas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), seis días después de que el Legislativo, de mayoría opositora, lo declaró en “abandono de cargo”, acusándolo de provocar la devastación económica y social del país.

“Estoy aquí ejerciendo activa y cabalmente todas mis funciones constitucionales, dado que tenemos una Asamblea Nacional, en manos de la oligarquía, en desacato”, dijo en su discurso de cinco horas el presidente socialista, quien el 10 de enero cumplió cuatro de sus seis años de mandato.

Junto a diputados opositores, el jefe parlamentario Julio Borges llegó a la sede legislativa y señaló que es allí donde la ley marca que debe rendir el informe. No haberlo hecho, dijo, ratifica que “Maduro está fuera de la Constitución”.

Acusado por la oposición de servir al gobierno, el TSJ autorizó a Maduro a no presentarse ante un parlamento al que declaró en “desacato”, por haber juramentado a tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por supuesto fraude.

Aunque la oposición arrasó en las legislativas de diciembre de 2015, la Asamblea está prácticamente desactivada, pues el TSJ ha anulado una treintena de sus decisiones.

Un año largo y duro

Maduro aseguró que 2016 fue “el año más largo y duro” para su gobierno, y anunció que para seguir “cabalgando la crisis” entrará en vigor el lunes el primer decreto de emergencia económica de 2017, medidas de control con las que gobernó todo 2016.

El país con las mayores reservas de petróleo del mundo sufrió en 2016 una inflación galopante -según el FMI de 475%- y una severa escasez de alimentos y medicinas, que hicieron habituales las filas en los supermercados y provocaron incluso saqueos y protestas.

Según encuestas privadas, ocho de cada 10 venezolanos reprueba al gobierno. Pero el mandatario atribuyó la crisis al desplome de los precios del petróleo.

“El modelo rentista se ha vuelto inviable”, sentenció, al precisar que en 2008 Venezuela recibió 48.325 millones de dólares por la exportación del crudo, y en 2016 apenas 5.291 millones.

Maduro anunció que esta semana Venezuela presentará una nueva propuesta a los productores de crudo para buscar “la estabilidad de los precios” del petróleo, tras un primer plan de reducción de la producción acordado en noviembre.

“A cortar cabezas”

Prometiendo dar un giro al modelo económico socialista, Maduro anunció la expansión del sistema de distribución de bolsas de comida a sectores populares y promover la productividad.

“Hay que cortar cabezas” en empresas donde hay corrupción e ineficiencia, sentenció el presidente, quien exaltó logros sociales de su gobierno.

Maduro recordó que el 20 de enero comenzará la entrega masiva del llamado “carné de la Patria”, necesario para comprar las bolsas de alimentos subsidiadas y beneficiarse de misiones sociales.

Asimismo, anunció la tercera prórroga, por un mes más, del billete de 100 bolívares -el de mayor valor- mientras avanza la circulación del nuevo cono monetario, que empezará a salir el lunes.

Aunque prometió que 2017 será un año de “recuperación”, los augurios de analistas u organismos internacionales no son esperanzadores. El FMI proyecta una inflación de 1.660%.

“Habrá continuidad de la política de intervenir en la economía (lo que traerá) más inflación y contracción económica”, comentó a la AFP el analista Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit Country Risk (Londres).

¿Diálogo o confrontación?

Preparándose para una nueva etapa de confrontación, Maduro puso a su nuevo vicepresidente Tareck El Aissami, un chavista radical, al frente de un “comando” contra supuestos planes “golpistas” de la oposición.

Siete opositores, entre ellos un diputado suplente, fueron encarcelados la semana pasada por el “comando antigolpe”.

La oposición acusa a Maduro de instaurar una “dictadura”, luego de que el poder electoral suspendiera en octubre el proceso para un referendo revocatorio contra el presidente.

En diciembre, los opositores congelaron un diálogo que recién había comenzado con el gobierno bajo auspicio del Vaticano. Ambos bandos se acusan de incumplir la palabra empeñada al papa Francisco.

“Estamos preparados para consolidar en 2017 el diálogo político con factores contrarrevolucionarios”, ratificó el mandatario.

Dividida sobre el diálogo y la estrategia para sacar a Maduro del poder, la oposición encabezará una marcha el 23 de enero para exigir un adelanto de las elecciones generales de 2018, pero el gobierno señala que este año sólo están programados los comicios para gobernadores y alcaldes.

“Veo a Maduro fortalecido, tras pasar la prueba de 2016”, dijo el analista Ricardo Sucre, al referirse a su control sobre la Fuerza Armada y los poderes públicos, menos el parlamento.

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